En el papel, el derecho a la salud
Patricio Cortés
pcortesc@yahoo.com.mx
* Sólo 49 millones de mexicanos tienen acceso a él * 0.74 camas por cada mil habitantes * La OMS recomienda una por cada mil * 1.85 médicos por cada mil habitantes * La OCDE tiene 2.9 *La mitad de los galenos se concentra en seis estados * Muchos recursos para el Seguro Popular sin nuevos hospitales * Rezagos fundamentales * Envejecimiento a la vista
Aunque el derecho a la salud está consagrado por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, la realidad es que en México sólo existe en el papel. El acceso a los servicios de salud es muy restringido y quienes lo tienen se encuentran con que la infraestructura y los recursos son insuficientes. Los servicios privados son muy caros, por lo que no son opción para la mayoría de los mexicanos.
Basta ir a cualquier sala de urgencias de un hospital público, incluso sin la contingencia de la influenza, para ver una imagen apocalíptica, gritos lastimeros de pacientes hacinados, muchos en los pasillos, sentados cuando deberían estar recostados. Gran parte del personal trata de hacer lo mejor posible con recursos insuficientes, otros deshumanizados e inmersos en la burocracia parece no importarles y ni siquiera cumplen dignamente sus funciones.
Por ejemplo, si usted se da una vuelta por el hospital de ortopedia, ubicado en la colonia Narvarte de la ciudad de México, del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), podrá ver como varios pacientes con fracturas son rechazados porque en el momento no pueden acreditar ser derechohabientes, aunque legalmente tendrían que atender las urgencias. Vi a una mujer de la tercera edad que se le negaba la atención porque en ese momento no llevaba los papeles, la persona de la entrada le decía que una fractura en el tobillo no era una urgencia. Sobran historias mucho más dramáticas de quienes se desangraron en las salas de espera, por ejemplo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recomendado a la Secretaria de Salud federal: "Solicita a las autoridades, entre otras medidas, capacitación constante al personal médico para que conozcan y cumplan con las 82 normas oficiales mexicanas vigentes en materia de los servicios que prestan, entre éstas, las que establecen un número mínimo en la disponibilidad de camas censables, quirófanos, salas de expulsión, laboratorios clínicos, gabinetes de radiodiagnóstico, anatomía, patología, consulta externa y servicios de urgencias. Al investigar y documentar casi 12 mil quejas ciudadanas iniciadas ante la CNDH , se han comprobado deficiencias y carencias que –de acuerdo con lo observado– tienden a ser de mayor gravedad en los lugares de atención ubicados en zonas rurales o urbanas de alta marginalidad social".
En cobertura pareciera que vamos hacia atrás porque según cifras del IMSS en 1987 existían 1.85 camas por cada mil derechohabientes, hoy la cifra es de 0.83 camas en la institución. Tiene 0.38 consultorios por cada mil derechohabientes, cuando en 1980 eran 0.69.
El doctor Alfredo Sánchez Castañeda, especialista miembro del área de derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice a Forum: "Evidentemente sí hay un incumplimiento por parte del Estado porque tiene la obligación constitucional, sólo que a pesar de ello su campo de acción es limitado porque tiene recursos limitados".
"Si bien es cierto que contamos con institutos nacionales que son instituciones de punta en investigación médica y hay un sistema estatal de hospitales, esos son insuficientes y no cuentas con los recursos humanos para atender a la población de una manera satisfactoria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 48 millones 909 mil 705 mexicanos tienen acceso a la seguridad social a través de 18 millones 750 mil 320 trabajadores con dicha prestación. Algunos patrones ofrecen seguro de gastos médicos mayores en lugar de afiliar a sus empleados al IMSS. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el 5% de los servicios de salud privados fueron pagados a través de un seguro. Cabe destacar que aunque estos instrumentos permiten el acceso a hospitales privados, algunos de gran lujo, el beneficiario tiene que pagar un porcentaje de la cuenta y en ocasiones el total, que con suerte le será rembolsada la mayor parte por la aseguradora, posteriormente.
Alfredo Sánchez Castañeda advierte que todo trabajador subordinado debe formar parte de una de las instituciones de seguridad social, lo cual, legalmente, no puede ser sustituido por un seguro de gastos médicos mayores.
En los servicios de salud pública algunos empleados consideran que como son "gratis" no tienen porque ser buenos.
—El derecho a la salud no debe estar sujeto al pago por el mismo, es una de las obligaciones del Estado y es una garantía que debe tener todo ciudadano. No hay argumento de que porque es gratuito... Además la población paga impuestos y los servicios se financian con los impuestos de todos nosotros.
En algunos hospitales públicos exigen donadores de sangre como forma de pago, mientras en los privados rara vez, incluso cuando la operación requiere transfusión.
—Habría que ser un poco sensibles a la falta de cultura de donación de sangre que hace que los hospitales se vean obligados a exigir. Evidentemente no es una práctica adecuada. Incluso hay una serie de operaciones que no requiere de donadores y de todos modos lo exigen.
¿En cuanto al derecho universal a la salud cómo andamos?
—Estamos lejos, pero existen las instituciones que podrían abrir paso para ese seguro universal de salud. Haría falta más presupuesto para tener más infraestructura y consolidar el sistema universal de salud. Otro elemento importante tiene que ver con la coordinación de las instituciones. Tiene que ver con la creación de un sistema integral de protección social, el problema del país es que se han creado muchas instituciones, entonces los esfuerzos son aislados y no hay coordinación.
Sería difícil de financiar.
—Algunos hemos pensado en establecer un impuesto destinado a la seguridad social que todos vamos a pagar en aras de financiarla con impuesto etiquetados. Tiene también que ver con una serie de productos que en países desarrollados tienen tasas muy altas como el tabaco y las bebidas alcohólicas. En estos países no ha disminuido el consumo de estos productos. Hay que hacer universal el seguro para quienes no tengan una actividad subordinada. Esto tiene que ver con una responsabilidad social del individuo, necesitamos destinar recursos y apelar a la solidaridad intergeneracional.
¿Y el Seguro Popular?
—El caso del Seguro Popular es parte de la protección social, pero se utiliza la infraestructura ya existente. Entonces se sobrecargan las instituciones públicas, no hay creación de nuevos hospitales y por otro lado la población tiene el derecho a la salud, pero dependiendo de la situación económica muchos lo tienen que pagar. Tiene efectos benéficos y perversos. Benéficos porque a quien no tiene un trabajo formal le permiten acceder a la atención médica, pero por otro lado fomenta las actividades informales.
Propone: "En el caso del Seguro Social se debería acabar con la práctica de registrar a todos los trabajadores con salario mínimo que es muy común".
Opina sobre la reciente contingencia de salud: "Se evidenció la falta de infraestructura y de recursos humanos. Hubo cierta sorpresa porque algunas personas los atendían en los pasillos; pero basta darse una vuelta a las salas de urgencias, en la mayoría de los hospitales, y ver que con frecuencia atienden en los pasillos. Aún teniendo seguridad social no se cuenta con los recursos humanos suficientes, ni con la infraestructura, hay un hacinamiento, la capacidad de respuesta es muy limitada.
De acuerdo con cifras del plan sectorial del gobierno federal, el sector público cuenta con 78 mil 643 camas. La tasa es de 0.74 camas por cada mil habitantes, mientras el estándar sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social tienen un promedio de 0.87 camas, contra 0.63 de las instituciones que atienden a la población sin seguridad social.
En Colima, la disponibilidad de camas por cada mil habitantes es 8.5 y 4.5 veces más alta que la de Puebla y Chiapas, respectivamente. El IMSS en Morelos dispone de tres veces más camas (0.9 por mil derechohabientes) que el IMSS en Guanajuato, 0.3.
En cuanto a galenos tenemos una tasa de 1.85 médicos por mil habitantes, abajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 2.9, Argentina (3.0) y Uruguay (3.6), pero superior a Brasil (1.15) y Colombia (1.35). En este rubro también hay una inequidad entre las entidades pues mientras el Distrito Federal cuenta con tres médicos por mil habitantes; Oaxaca, Guanajuato y Chihuahua cuentan con uno; Puebla, Chiapas y el estado de México con menos de uno. El 50% de los médicos están concentrados en seis estados: Distrito Federal, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla y Veracruz.
La especialista en economía del envejecimiento y seguridad social, Berenice Patricia Ramírez López, advierte: "Uno de los principales problemas que tiene la población mexicana es el acceso a los servicios de seguridad social, en particular de la salud. El problema se ha ido profundizando en los últimos 27 años. Este modelo económico no ha hecho énfasis en aumentar la inversión de gasto social".
¿El Estado tiene, desde el punto de vista económico, cómo solventar el derecho a la salud universal?
—Sí, es su obligación, es un derecho constitucional. Tenemos instituciones de seguridad social muy grandes como el IMSS y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), pero solamente atienden a los trabajadores del sector formal, pero si consideramos el conjunto de la población ocupada solamente el 33% tiene acceso a este tipo de servicios. No tienen acceso los trabajadores del sector informal, ni los no protegidos (contratados por honorarios). El Estado tiene instituciones para la población abierta, pero se paga una cuota y el servicio es gratuito sólo para quienes no tienen ingresos y es un aspecto que marca las desigualdades.
¿En comparación con otros países cómo andamos?
—Bajo, la Organización Mundial de la Salud señala que los países deben invertir mínimo el 5% del producto interno bruto, México invierte alrededor del 3%. En los últimos años ha habido un incremento en el gasto, pero no está llegando a donde debería como los hospitales, en específico a infraestructura y más plazas para personal médico. Ha habido mucho espacio para el sector privado y esto ha llevado a un encarecimiento de los servicios de salud. La medicina privada es muy cara.
"Hay otros elementos que se vinculan a la dinámica de la salud. Uno de ellos es el tipo de medicamentos y relaciones que tienen las instituciones públicas con los laboratorios. Las grandes empresas internacionales farmacéuticas venden los medicamentos muy caros", añade Ramírez López, del Instituto de Investigación Económicas de la UNAM.
"El modelo en México es de carácter curativo, la gente acude cuando ya está enferma y lo que tienen que hacer los países para bajar costos es hacer énfasis en el sistema preventivo, que no son sólo vacunas, incluye desde servicios básicos a la población como agua potable y servicios de drenaje adecuados para que puedan tener mejores condiciones de salud y orientarlos en actividades preventivas", propone.
A esto se suma el envejecimiento de la población y todos sabemos que con la edad se incrementan los padecimientos de salud. La especialista opina: "El problema clave, en el caso de México, es que no ha logrado superar los problemas fundamentales en esta dirección para la niñez y para la juventud, y ya tiene que enfrentar para el 2025 que cerca del 25% de su población va a tener mas de 65 años. El proceso de envejecimiento tiene que ir acompañado con bienestar social.
"Ha habido mucha canalización de recursos públicos hacia el Seguro Popular pero no se observa construcción de hospitales y donde se han construido no se observa un equipamiento adecuado, tampoco se acompaña con contratación de trabajadores, de profesionales de la salud y a veces ni siquiera los que trabajan en este sector cuentan con seguridad social", crítica la economista.
El diagnóstico es avasallante, más allá de crisis sanitarias el acceso a la salud es mínimo, el término de derecho universal se queda en el papel, prosigue la pregunta ¿Dónde está el Estado?
EL GRITO DEL PUEBLO
